Los padres que no pagan la matrícula y el aumento de costos son una de las causas del cierre de más de 800 escuelas privadas en los últimos cinco años. La Escuela Militar Simón Bolívar cerró en 2020, después de cuarenta años de formar estudiantes de secundaria bajo disciplina militar en un predio que ocupaba casi una manzana en Normandía. La Presentación de las Hermanas Dominicas y San Fasón, fundada en 1935 por las Hermanas Dominicas de la Caridad, corrió la misma suerte noventa años después de abrir sus puertas. Refus está tramitando hoy su reorganización. El Gimnasio Campestre y el Marymount, dos instituciones con más de siete décadas de historia cada una, prefirieron fusionarse antes que desaparecer por separado: de esa unión nació el Gimnasio Marymount Campestre. Todas estas escuelas y otras han sido titulares recientes y no por la calidad de su educación, que era bien conocida. Detrás hay una cifra preocupante que les abruma. En los últimos cinco años, más de 800 colegios privados en Colombia cerraron sus puertas, 35 de ellos solo en Bogotá durante 2025. Nadie en el sector cuestiona el origen del problema. La pandemia encontró a la educación privada colombiana en su mejor momento: ocupó entre el 90% y el 95% de sus plazas y concentró alrededor del 68% de los estudiantes matriculados en el país. Cuatro años después, esa ocupación ronda el 60%, según cifras de la Asociación de Colegios Privados de Colombia, Acopricol. El COVID no inventó los problemas de las escuelas. Los aceleró de una manera que ningún rector había calculado. El primer factor que explica los cierres golpea por igual a todas las instituciones: los gastos operativos crecen cada año al ritmo del salario mínimo, la inflación y las pensiones que la ley exige mantener dentro del mismo margen del IPC. Los colegios no pueden subir sus cuotas por encima de ese límite, por lo que cada aumento salarial se convierte en un hueco que debe cubrirse con la misma pensión de siempre. El segundo factor tiene nombre propio: cartera vencida. En las escuelas que atienden a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 –entre el 87% y el 90% de toda la oferta privada del país– la pensión mensual no supera los 90.000 pesos, y aun así miles de familias no pueden pagarla. Los estudiantes que no pueden continuar migran a escuelas oficiales, la deuda se acumula y la brecha fiscal de la institución crece hasta hacerse imposible de cubrir. El tercer factor es el más lento y, por ello, el más difícil de revertir: la caída sostenida de la natalidad. En 2012 nacieron en Colombia 676.000 niños, según el DANE. En 2019 la cifra bajó a 620.000. En 2023 alcanzó los 510.748, el mínimo en doce años y un 24,5% menos que hace once años. La tasa de fecundidad, que en 2015 era de 2,1 hijos por mujer, el nivel de relevo generacional, rondaba los 1,3 en 2023. Menos nacimientos significa, con un retraso de cinco o seis años, menos niños ingresando al preescolar, y ese retraso ya ha llegado a las aulas de secundaria. En Bogotá, la matrícula privada pasó de 536.109 estudiantes en 2017 a 431.138 en 2024: una pérdida cercana a 105.000 estudiantes en siete años. Los tres factores no actúan solos. Se amontonan unos sobre otros en escuelas que, en su mayoría, dependen casi por completo del pago mensual de las familias y no tienen otra fuente de ingresos ni reservas para soportar un mal semestre. El 43,5% de los colegios privados del país no tiene hoy ingresos adicionales a la pensión, once puntos más que en la medición anterior del mismo estudio, que hablaba del 29%. El 70,8% admite que no tiene reservas suficientes para sostenerse el próximo año, y el 58,4% ni siquiera las tiene para cubrir seis meses. El 91,7% reconoce que la morosidad de los padres afecta su funcionamiento mes a mes, y los colegios que cerrarán el año con una cartera superior al 10% pasaron del 6% al 12,3%: se duplicaron en doce meses. Hay, en medio de estas cifras, un dato que parece contradecirse: las nuevas matriculaciones crecieron un 47,2% respecto al año anterior. Pero la ocupación promedio, que estaba en 68%, sigue bajando, hoy en 62%, y esto confirma que el problema no es sólo de matrícula sino de estructura: hay exceso de capacidad instalada y falta un modelo que la sostenga. Juan Pablo Santiesteban, vicepresidente de Acopricol, lo resume tajante: esta no es una crisis puntual sino un problema estructural que se viene acumulando desde hace años, y cada escuela que cierra se lleva un proyecto que familias enteras y generaciones de docentes construyeron durante décadas. Los números cambian según quién los mida. Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, que suma escuelas públicas y privadas y mira una ventana de seis años en lugar de cinco, contabilizó 6.263 instituciones cerradas en el país: 60,9% públicas y 29,1% privadas, el 12% de todas las escuelas que existían en Colombia. En el sector oficial, el cierre casi nunca se debe a razones financieras sino más bien a decisiones administrativas, cuando una escuela se queda sin suficientes estudiantes para justificar su funcionamiento; Luego, el Estado reubica a los estudiantes en el campus más cercano. El problema se agrava en las zonas rurales, donde al descenso demográfico se suma el conflicto armado -incluido el reclutamiento de menores- y una infraestructura que en muchos casos nunca se terminó de construir: casi el 80% de las localidades rurales no tiene internet, el 59,7% no tiene salas de ordenadores y el 18,1% ni siquiera tiene electricidad. De las 3.817 oficinas públicas cerradas desde 2021, la mayoría son escuelas rurales donde simplemente no había más niños para matricular. Ante este panorama, un nuevo negocio comenzó a moverse. Mattilda, la empresa que dio a conocer las cifras, una empresa mexicana fundada en 2022 por un grupo de emprendedores con experiencia en educación, tras el panorama ofrece a las escuelas de la región herramientas financieras diseñadas para solucionar exactamente lo que hoy las hunde: liquidez y morosidad. Mientras tanto, en Bogotá, donde hay 1.282 escuelas privadas reguladas por el Ministerio de Educación, frente a las 1.540 de hace seis años, cada rectoría superviviente está intentando su propia salida. Algunas se fusionan, como Campestre y Marymount. Otros están en proceso de reorganización, como Refus. Y otras simplemente cierran, dejando un edificio vacío y cientos de familias con la tarea, a mediados de año, de encontrar un pupitre para sus hijos en una escuela que sigue abierta. 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