La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal informó este lunes 3 de noviembre que Cristian Cenuse, preso político rumano en Venezuela, logró comunicarse con su esposa.
“Después de 10 meses desaparecido finalmente logró comunicarse con su esposa desde el Internado Judicial de Rodeo I, confirmando que se encuentra privado de libertad en Venezuela”, detalló el Foro Penal en X.
El 27 de septiembre de 2024, Cenuse viajaba por Sudamérica cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo detuvo en San Cristóbal, estado Táchira, mientras viajaba en autobús con destino a Caracas por turismo.
Antes de viajar como turista a Venezuela, estuvo previamente en Colombia. El ciudadano, de 37 años, es padre de una niña de dos años.
Foro Penal contabiliza 83 presos políticos de nacionalidad extranjera en Venezuela
En su último informe difundido el 28 de octubre, el Foro Penal informó que 875 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. De esta cifra, precisó que 83 tienen nacionalidad extranjera.
Asimismo, detalló que 763 son hombres y 112 son mujeres. De ese total, 702 son civiles y 173 militares. Además, el informe detalló que 871 son adultos y 4 son adolescentes
Aunque en este último informe la ONG no ofreció detalles sobre la nacionalidad de los detenidos, en un informe difundido en septiembre de 2025, la ONG informó que entre los extranjeros detenidos hay 2 españoles, 2 alemanes, 2 argentinos, 2 ecuatorianos, 2 franceses, 2 holandeses, 2 peruanos y 2 ucranianos.
El resto de presos extranjeros proceden de la República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumanía.
Tras la liberación de los 17 presos políticos colombianos en Venezuela el pasado 24 de octubre, 20 ciudadanos extranjeros de esta nacionalidad continúan detenidos en Venezuela, indicó el diario colombiano El tiempo el 27 de octubre.
En este sentido, el lunes 3 de noviembre la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó sobre el aumento de detenciones en Venezuela “sin suficiente información pública” sobre los casos. La ONG consideró esta situación como un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada” por esa “opacidad” y también por la “denegación de acceso a asistencia jurídica” que asegura existe en el país.
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“Familiares y defensores han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negación de acceso a abogados o representantes de confianza, generando un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias”, añadió Justicia, Encuentro y Perdón.
En ese contexto, afirmó que esta situación constituye una “violación directa de los derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular, el derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como el derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero”.
