Ante los insistentes llamados y requerimientos a los directivos de las NUEVAS EPS buscando defender el derecho fundamental a la salud de sus afiliados, la Procuraduría General de la República solicitó a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc de la Nueva EPS, Luz María Múnera, ejercer medidas de vigilancia y control sobre los planes de acción que eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos.
En consecuencia, en atención a lo anterior, la Procuraduría General Delegada para Asuntos Civiles, Laborales y de Seguridad Social solicitó conocer el plan de trabajo encaminado a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros de los períodos 2023 y 2024; en materia de legalización de anticipos a la red de proveedores, prestadores de servicios, tecnologías sanitarias, estabilización en el archivo y procesamiento de facturas médicas, contabilidad, entre otros.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó información y medidas adoptadas para apoyar la transferencia de recursos en materia de procesamiento y auditoría de cuentas médicas, ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, etc.
Por lo anterior, el organismo de control para la protección de los derechos fundamentales de los más de 11 millones de afiliados a las NUEVAS EPS requirió presentar dicho informe dentro de los cinco días hábiles siguientes.
