La comunicadora social Marifer Lucía Guzmán Chacín admitió estar involucrada en el delito de promoción o incitación al odio y en consecuencia el Juzgado Primero de Control de Anzoátegui le impuso una pena de 6 años y 8 meses de prisión, según fuentes judiciales.
El citado delito está contemplado en la Ley Constitucional contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, donde se prevé una pena de 10 a 20 años de prisión. En este caso, la imputada Guzmán Chacín admitió su participación en los hechos investigados por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público y, en consecuencia, el Juzgado Primero de Control la condenó a 10 años; Pero, al aplicar la reducción dispuesta por el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, la sanción fue de 6 años y 8 meses de prisión, explicó la fuente.
La investigación tiene su origen en la denuncia interpuesta contra el comunicador social el 20 de enero de 2025 ante el Servicio de Investigación Criminal de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui.
La organización querellante señala que Marifer Lucía Guzmán Chacín trabajó como comunicadora social en el Gobierno de Anzoátegui desde el 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2024, debido a que no le renovaron su contrato.
Luego de expirar ese contrato, Guzmán Chacín se dedicó a crear contenidos que, a juicio del denunciante, ofendieron y desacreditaron al Gobierno de Anzoátegui, específicamente al Instituto de Cultura. Estos contenidos fueron subidos a las redes sociales por el mencionado comunicador social.
Con base en esa denuncia, Guzmán Chacín fue detenida y presentada ante el Juzgado 1 de Control de Anzoátegui el 10 de febrero de 2025, día en que fue imputada y privada de libertad, por la presunta comisión del delito de Promoción o Incitación al Odio.
Posteriormente, el 27 de marzo de 2025, la Fiscalía Sexta del Ministerio Público solicitó la apertura de juicio contra Guzmán Chacín. Unos días después, el citado juzgado celebró la audiencia preliminar para debatir si ordenar o no juicio contra el comunicador social, tal como lo solicitó el Ministerio Público. Pero en esa misma audiencia, el juez preguntó a la imputada si quería admitir los hechos; Ella respondió que sí y en consecuencia le impuso una pena de 6 años y 8 meses de prisión, manteniendo la medida de privación judicial de libertad preventiva.
Luego, el 30 de mayo de 2025, el expediente ingresó al Juzgado de Ejecución N° 2 y a partir de esta misma fecha se ejecutó la condena.
