La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el pedido de reconocimiento presentado por la defensa del empresario zuliano Jaime Andrés Ruiz Salamanca y ordenó la suspensión inmediata del proceso penal que se sigue en su contra en el estado Zulia.
Tal decisión está contenida en la sentencia número 21, cuyo anuncio se refleja en el portal digital del máximo tribunal de Venezuela.
Mediante esa decisión, los magistrados ordenaron recoger el expediente, así como paralizar las actuaciones del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, lo que implica la suspensión del debate oral mientras el máximo intérprete de la Constitución analiza los alegatos de presuntas irregularidades procesales planteados por la defensa.
Este caso se remonta a una decisión de octubre de 2025 con la que la Sala Civil del TSJ declaró nulo el proceso civil de desalojo. Este juicio civil se refiere al desalojo del inmueble donde opera una de las empresas de Ruiz Salamanca ubicada en el Zulia. El fiscal Araque Díaz se presentó en ese establecimiento el 5 de junio de 2025 y lo privó de su libertad, acusándolo de invadir ese inmueble.
El anterior propietario había interpuesto una demanda civil contra Ruiz Salamanca. Pero la Sala Civil declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones en el mencionado proceso de desalojo, desde el auto de admisión del 13 de junio de 2023 y ordenó reponer el proceso al estado de admisión y sustanciación de la demanda mediante el procedimiento oral, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Arrendamiento Comercial.
Pese a esta nulidad civil, el proceso penal siguió su curso en Zulia hasta que la defensa solicitó el control constitucional por presuntas violaciones al debido proceso, subversión del orden procesal en la tramitación de excepciones e afectación al derecho de defensa.
En medio de este proceso civil intervino la entonces fiscal octava del Ministerio Público en el estado Zulia, Mariángelis Araque Díaz, quien dirigió la investigación inicial del caso. Ella supuestamente le exigió una suma de dólares para sacarlo del asunto.
Por estas acciones, el fiscal Araque Díaz fue detenido y posteriormente acusado por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción y extorsión en acciones vinculadas a este caso.
Pero mientras la revisión de fondo se lleva a cabo en la Sala Constitucional, el juicio queda suspendido y el tribunal de primera instancia debe remitir todo el proceso al TSJ, señala el fallo. El empresario permanece privado de libertad mientras se desarrolla esta fase de control constitucional.
