Solo 8 de 41 casos permanecen bajo investigación, estancamiento que llevó a que la Fiscalía General de la Nación fuera denunciada por presunta omisión. La falta de avances en las investigaciones sobre abuso y acoso sexual contra deportistas femeninas en Bogotá es hoy el centro de una denuncia disciplinaria contra la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Son 41 casos recopilados desde 2021, cuando varias jóvenes de diferentes ligas deportivas decidieron denunciar situaciones que afectaban su seguridad durante los entrenamientos, competencias y procesos de entrenamiento. Cuatro años después, la mayoría de estos expedientes no han tenido una respuesta concreta por parte del ente investigador. La información que salió a la luz muestra un vacío difícil de justificar. De los 41 casos entregados a la Fiscalía, sólo 27 quedaron registrados en los sistemas internos. Y de esos 27 expedientes, sólo 8 seguían activos. Los demás habían sido archivados o clasificados sin más detalles, lo que no dejaba claro a las víctimas el destino de sus denuncias. Esta situación dio origen a la acusación de prevaricato por omisión contra Camargo, bajo el argumento de que la entidad no actuó con la diligencia necesaria ante hechos que involucraron violencia sexual. Lea también: Un avezado abogado defiende a la Fiscalía para que no caiga su nombramiento: tiene 10 demandas Las familias de los deportistas enfrentaron un panorama de puertas cerradas. En 2023, cuando ya había pasado un tiempo considerable desde que se presentaron las denuncias, se presentó una petición para conocer el estado de los procesos. Nunca fue respondida. Un año después ocurrió lo mismo con una nueva solicitud. La falta de respuestas concretas obligó, en 2025, a acudir a una tutela para intentar obtener algo tan básico como el estado real de los procesos. Lo único que llegó fue una respuesta formal, escrita como si fuera suficiente para completar un trámite, pero sin aclarar qué había pasado con cada denuncia. La sensación de quienes llevaban años esperando era la misma: todo seguía en el aire, sin datos claros que ayudaran a entender por qué nada avanzaba. El documento enviado por la Fiscalía acabó revelando más vacíos que certezas. Sólo aparecieron una parte de los casos que habían sido denunciados y no quedó rastro de actuaciones, audiencias relevantes o decisiones específicas. Incluso en los pocos expedientes que seguían activos no hubo ninguna acusación formal. Para los deportistas y sus familias, este panorama se convirtió en una especie de confirmación de algo que venían sintiendo desde el principio: estaban frente a un sistema que no era capaz de protegerlos y que dejaba sus denuncias atrapadas en procedimientos en profundidad. Lea también: La foto de la senadora Isabel Zuleta que la dejó feliz y al Fiscal en mal lugar La denuncia contra la fiscal Camargo intenta definir si todo esto responde a fallas profundas dentro de la institución o a omisiones que surgen de su propio liderazgo. Si la Comisión de Acusaciones determina que hubo responsabilidad, las consecuencias podrían ir desde una suspensión hasta su salida definitiva del cargo. Y más allá del proceso disciplinario, el caso volvió a poner en discusión la forma en que las instituciones reciben y abordan las denuncias de violencia sexual en el deporte, un espacio donde el silencio y el miedo muchas veces pesan más que la posibilidad real de justicia. Los 41 casos que hoy salen a la luz no son un número de informe; Son el reflejo de un sistema que no reaccionó a tiempo ante las mujeres jóvenes que buscaban protección. La falta de seguimiento y la ausencia de decisiones claras muestran una cadena de fallas que ahora se encuentra bajo revisión. Mientras avanza la investigación contra el fiscal general, los deportistas siguen esperando una respuesta que les dé al menos la tranquilidad de saber que sus denuncias ya no están perdidas entre expedientes y trámites sin resolver.
