El proyecto, a cargo del Consorcio Candelaria LC, fue adjudicado por la alcaldesa Ángela María Quiroga, y hoy tiene retrasos y una suma de mil millones. En el corazón del centro de Bogotá, donde cada andén tiene siglos de historia y cada cuadra sustenta buena parte del relato urbano del país, una obra pública se convirtió en sinónimo de espera, desgaste y confusión. La intervención del espacio público en la localidad de La Candelaria, diseñada para mejorar la accesibilidad y renovar el entorno del centro histórico, lleva hoy más de dos años de retraso, una seguidilla de suspensiones y un aumento presupuestario que deja dudas sin resolver. El proyecto inició formalmente el 5 de diciembre de 2022, cuando el Fondo de Desarrollo Local La Candelaria, durante la administración distrital de Claudia López, adjudicó el contrato 242 de 2022 al Consorcio Candelaria LC. El valor inicial fue de 2,054 millones de pesos y el objeto del contrato incluía la adecuación, complementación y actualización de estudios y diseños, además de la construcción y rehabilitación del espacio público con énfasis en accesibilidad para personas con movilidad reducida. La adjudicación se entregó en un proceso competitivo al que se presentaron diez postores. El consorcio ganador obtuvo el mayor puntaje técnico y financiero, según el proceso de licitación, y cumplió con los requisitos establecidos en el pliego. María Paula González Bozzi permaneció al frente del consorcio como representante legal. La alcaldía local quedó entonces bajo la dirección de Ángela María Quiroga Castro, quien firmó el contrato en nombre de la administración local. Dos meses después, el 6 de febrero de 2023, se firmó el acta de inicio. El plazo de ejecución era claro: ocho meses. Esto hizo que para octubre de ese mismo año las obras debían estar completamente terminadas y entregadas a satisfacción. Ese cronograma nunca se cumplió. Las fechas se ampliaron. Las intervenciones quedaron a medio terminar y los ciudadanos no recibieron explicaciones claras sobre el rumbo del proyecto. Hoy, más de dos años después de iniciadas las obras, no ha sido entregado. Los frentes de obra quedan inacabados. Los impactos los sufren ciudadanos y comerciantes, especialmente en el entorno de la Plaza de La Concordia, que han visto disminuir el flujo de clientes. Los residentes enfrentan dificultades para desplazarse y los turistas, que llegan buscando caminar tranquilamente por el centro histórico, encuentran plataformas rotas, polisombras y tramos en construcción permanente. El retraso no es el único problema. A lo largo de su ejecución, el contrato ha sido modificado en repetidas ocasiones. Hasta la fecha se han producido 16 suspensiones, cuatro prórrogas y una adición presupuestaria de mil millones de pesos, aprobada cuando la obra ya presentaba un importante retraso. Esta incorporación elevó el valor total del contrato a más de 3.085 millones de pesos. La autorización del aumento estuvo a cargo de la actual alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, quien asumió el cargo en julio de 2024 luego de ser designada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La decisión se tomó para cubrir obras que no estaban inicialmente previstas, pese a que el nivel de ejecución apenas llega al 69 por ciento. En términos prácticos aún quedan pendientes más de 2 mil 100 millones de pesos para concluir la obra. La brecha entre tiempo, dinero y resultados ha hecho saltar las alarmas. El Concejo de Bogotá ha cuestionado la lógica de aumentar el presupuesto de un contrato que no se ha cumplido. Para varios expertos, este caso refleja problemas de planificación, supervisión y control, así como una falta de coherencia entre el estado real de la obra y las decisiones administrativas que se han tomado durante su desarrollo. A este escenario se suman versiones de supuestos incumplimientos económicos por parte del contratista. Un documento reposaría en la Alcaldía Local de La Candelaria advirtiendo que el Consorcio Candelaria LC no estaría al corriente con sus obligaciones de pago. Esta situación habría llevado a algunos subcontratistas a negarse a firmar los correspondientes acuerdos de paz, condicionando cualquier cierre administrativo al cumplimiento de los compromisos económicos previamente acordados. La falta de acuerdos con subcontratistas introduce un nuevo factor de incertidumbre. Mientras tanto, el espacio público continúa parcialmente intervenido. El contrato está siendo supervisado por la empresa GEORGE SAS, encargada de supervisar el desarrollo técnico y administrativo de las obras. El Consorcio Candelaria LC, por su parte, está integrado por Constructora Sacyr Colombia SAS y la firma Estudios Técnicos SA Sacyr Colombia forma parte del grupo español Sacyr, multinacional con amplia experiencia en grandes proyectos de infraestructura. Estudios Técnicos SA, empresa colombiana especializada en consultoría e ingeniería de diseño. La presencia de empresas con experiencia contrasta con el accidentado desarrollo del proyecto. Sobre el papel, la intervención buscaba mejorar la movilidad peatonal, ordenar el espacio público y facilitar el tránsito de personas con discapacidad en una de las zonas más visitadas de la ciudad. En la práctica, el resultado ha sido un trabajo prolongado, fragmentado y costoso, que no ha logrado cerrar su ciclo. Para quienes viven y trabajan en La Candelaria, el contrato 242 de 2022 dejó de ser una promesa de renovación y se convirtió en un recordatorio diario de cómo una obra pública puede quedar atrapada entre trámites, modificaciones y decisiones tardías. El paso del tiempo ha diluido la expectativa inicial y ha puesto el foco en las responsabilidades pendientes. Mientras no se entregue la obra y no se esclarezcan los motivos de los aumentos y retrasos, el proyecto seguirá siendo un punto crítico en la gestión del espacio público del centro histórico. En una ciudad que aún se debate cómo cuidar su patrimonio sin paralizarlo, la intervención inconclusa de La Candelaria se suma a la lista de obras que avanzan más sobre el papel que sobre el terreno.
enero 31, 2026
