METROinuto30.com .- El Fiscalía General ha emitido un comunicado de gran relevancia, revelando una grave crisis de seguridad interna y nacional tras una interceptación realizada el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).
En ese operativo se incautaron dispositivos electrónicos clave a una caravana de disidentes de las FARC, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcáy otros miembros del autodenominado Estado Mayor.
Luego de 16 meses de custodia y análisis forense, el Fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzónha ordenado el intervención inmediata del caso, porque verificaciones recientes en Medellín revelaron la existencia de información de la “mayor gravedad” que no estaba siendo investigada.
Dicho material implicaría a agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional en una posible cooptación por parte de disidentes, revelaría amenazas a la seguridad nacional y expondría presuntos vínculos con el financiamiento de la campaña presidencial, obligando a la Fiscalía a abrir nuevas y sensibles líneas de investigación.
Liberar
En los hechos registrados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), cuando en un retén militar fue interceptada una caravana de miembros del autoproclamado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, en la que viajaban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony A Sábana Duque, alias Oliver y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, se les incautaron computadoras, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos.
Una vez puesto bajo cadena de custodia el material incautado, fue debidamente legalizado ante los jueces de la República y dos equipos forenses adscritos a la DIJIN de la Policía Nacional fueron los encargados de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital, emitiendo cinco informes técnicos, el último de los cuales fue presentado el pasado 26 de junio a la fiscal especializada contra Organizaciones Criminales con sede en Medellín que ha estado a cargo de la investigación de estos hechos.
El más reciente cruce y análisis de datos fue ordenado por ella el 24 de septiembre, junto con una amplia gama de actos de investigación, para ser validados como prueba ante el Poder Judicial. A la fecha se continúa verificando la gran cantidad de información encontrada.
Los elementos incautados han servido para procesar a 28 disidentes del frente 36 de las FARC en Antioquia. Además, tres de los integrantes de la caravana fueron procesados de la siguiente manera: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, por el delito de portación ilegal de armas de fuego, por lo que aceptaron cargos y fueron sentenciados, cumpliendo actualmente pena de prisión. Y Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, por homicidio por el cual ya se presentó acusación y quien también permanece privado de libertad.
Cabe señalar que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez no fueron capturados ese día, debido a que previamente se encontraban suspendidas las órdenes de aprehensión giradas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 de julio. 4 del mismo año.
Respecto de esta investigación, liderada, como ya se mencionó, por un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de Medellín, cabe aclarar que ni la Fiscalía General de la Nación, ni ningún otro organismo de la entidad, incluyendo la Delegada contra el Crimen Organizado o la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de ese funcionario, recibieron en el transcurso de estos 16 meses, informes o copias de la información. recopilados, posibles hechos, acciones o conductas punibles por su jurisdicción.
Con motivo de las verificaciones realizadas hoy en Medellín, que revelan la existencia de información más grave en los dispositivos incautados y que no es objeto de las investigaciones, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la intervención inmediata del delegado contra el Crimen Organizado en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiamiento de la campaña presidencial, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia. al servicio de estructuras criminales.
Por su parte, la fiscalía de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de Medellín comandó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se investigue la conducta del General de Brigada del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.
Asimismo, no se puede soslayar que es deber de la Procuraduría General de la República dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 (Ley Paz Total) sobre el levantamiento de órdenes de aprehensión contra miembros-representantes de organizaciones armadas para que participen en las mesas de diálogo de paz del Gobierno nacional, en los términos comunicados a finales de agosto de 2024 por la Corte Constitucional, en sentencia C-525.
Precisamente, a raíz de ese fallo y para aclarar los vacíos en la interpretación de la ley, la Fiscal General emitió la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, mediante la cual precisó, entre otros aspectos, que incluso bajo el régimen de suspensión de órdenes de detención con ocasión de diálogos de paz, procederán las detenciones en flagrante delito respecto de crímenes de lesa humanidad, delitos contra el derecho internacional humanitario y por graves violaciones a los derechos humanos. En tales eventos, la captura estará sujeta a control judicial y, de existir sustento suficiente, se procederá a la formulación de cargos y se solicitará la imposición de medida de seguridad, según lo estime procedente el fiscal delegado a cargo de cada caso.
Es pertinente informar a la ciudadanía que los dispositivos recuperados, de los cuales se extrajo la información, se encuentran bajo custodia de la DIJIN desde su incautación, por lo que resulta alarmante que su contenido haya pasado a conocimiento público, en clara violación al principio de secreto que rige los procesos penales.
Finalmente, también cabe recordar que, sin perjuicio de los principios de unidad de gestión y jerarquía, propios de la Procuraduría General de la Nación, los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus competencias y que, como corresponde en investigaciones de alto impacto, la información se maneja bajo estrictos protocolos legales de confidencialidad para proteger la efectividad de las actuaciones y la integridad de las pruebas.
