Una red financiera que habría permitido lavar más de 153.000 millones de pesos quedó al descubierto luego de una investigación realizada por la Fiscalía General de la República, que condujo al procesamiento de cinco personas acusadas de operar un sistema de venta de facturas ficticias desde Bogotá a través de nueve empresas creadas únicamente para ese fin.
Según el organismo acusador, los implicados habrían utilizado los nombres y registros comerciales de estas empresas para simular operaciones económicas que nunca se produjeron.
Si bien las empresas estaban formalmente constituidas y registradas en la Cámara de Comercio, no tenían actividad real; Su única función habría sido la generación de facturas electrónicas destinadas a beneficiar a otras empresas, que luego utilizaban dichos documentos como soporte en las declaraciones de renta y de IVA para reducir ilegalmente sus obligaciones tributarias.
La Fiscalía explicó que este modelo permitió mover recursos que superarían los 153.785 millones de pesos y darle apariencia de legalidad. Los fondos recibidos, que presuntamente provenían de actividades ilícitas, fueron canalizados a través de productos bancarios, transacciones electrónicas y pago de cheques.
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Parte del dinero habría terminado invertido en activos adquiridos en efectivo, lo que, según la investigación, generó un incremento patrimonial injustificado cercano a los 1.819 millones de pesos.
Los designados para liderar este mecanismo son Sandra Acero, Johanna Silva, Yeison Loaiza y Óscar Silva, quienes se habrían desempeñado como representantes legales de las nueve empresas involucradas y operadores directos del modelo de captación de clientes. A ellos se suma Elvis Quintero, acusado de ser el encargado de emitir los documentos contables que respaldaron las maniobras fraudulentas.
Durante las audiencias, la Fiscalía los imputó por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. De acuerdo con la prueba material presentada por un fiscal de la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, existen elementos suficientes para indicar que los cinco investigados habrían actuado de manera coordinada para sostener y beneficiar el esquema por un período prolongado.
El proceso continúa bajo supervisión judicial, mientras las autoridades avanzan en la identificación de las empresas que adquirieron las facturas y que se habrían beneficiado de esta estructura criminal.
