El acceso de equipos técnicos de las Secretarías de Integración Social y Salud al asentamiento Emberá ubicado en el Parque La Florida, al occidente de Bogotá, fue bloqueado este jueves 5 de febrero de 2026, afectando la prestación de servicios sociales y de salud a la población infantil y adolescente.
Según la Alcaldía de Bogotá, la medida fue tomada por cuatro voceros de la comunidad indígena, quienes pusieron como condición para la contratación directa de personas de la comunidad el ingreso de funcionarios distritales. Esta situación interrumpió la atención institucional y, según las autoridades, representa una forma de presión indebida que pone en riesgo los derechos fundamentales de los menores.
El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, señaló que durante una reunión interinstitucional los voceros advirtieron que no permitirían el ingreso a los equipos si no se atendían sus solicitudes de contratación. “No es posible ni admisible que un portavoz dedicado a perseguir intereses particulares nos impida brindar servicios sociales a una población en situación de extrema exclusión”, afirmó Angulo.
La Administración Distrital recordó que la víspera, 4 de febrero, en presencia de organismos de control, se socializó con voceros emberá la oferta institucional dirigida a la niñez. Esto incluye el acceso a jardines infantiles y al programa Atrapasueños, que opera dentro de la UPI La Florida. Pese a este diálogo, la comunidad anunció que prohibiría el ingreso de equipos técnicos si no se cumplían sus demandas de contratación.
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El Distrito reiteró que los derechos de la niñez y la adolescencia prevalecen y no se pueden negociar. Asimismo, llamó a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado para garantizar la protección integral de la población.
Miguel Silva Moyano, Secretario General del Distrito, expresó su rechazo a la medida en sus redes sociales: «Es inaceptable el chantaje de los voceros emberá en la UPI La Florida. Nuestra responsabilidad es brindar servicios sociales para mitigar riesgos a los más vulnerables. Exigen contratos para que podamos cumplir con nuestro deber de brindar servicios sociales».
La Alcaldía insistió en que la presencia institucional en la UPI La Florida busca prevenir violaciones y garantizar la protección integral de los menores, asegurando que cualquier acción que limite el acceso a los servicios de atención sanitaria y social es inaceptable y pone en riesgo el bienestar de los niños.
