La Fiscalía General de la Nación abrió este 5 de diciembre de 2025 una indagación preliminar contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, con el fin de establecer su posible responsabilidad en el homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez. La decisión marca un avance significativo en un caso que desde 2024 ha generado conmoción regional por la gravedad de los hechos y por los vínculos que podrían involucrar a figuras políticas del departamento.
El asesinato de Vásquez ocurrió en abril de 2024. Ese día, tras asistir a una misa dominical, el periodista se dirigió a desayunar en una cafetería del centro de Cúcuta. Allí fue seguido por un hombre zurdo, cojo y armado, quien ingresó al establecimiento y le disparó. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad que, además, documentaron los movimientos del agresor desde que la víctima salió de su residencia, pasando por la iglesia y, finalmente, hasta el lugar donde fue asesinado. Grabaciones telefónicas y otros elementos de seguimiento reforzaron la línea investigativa.
Meses después, las autoridades capturaron a un hombre cuya descripción coincidía plenamente con la del sicario observado en los videos: zurdo, de similar complexión y con una marcada cojera. Se trata de José Alejandro Arias, alias “el Cojo”, también conocido como “Pure” o “Cari”. De acuerdo con la investigación, Arias habría sido contratado para ejecutar el crimen. Durante intervenciones realizadas ante su abogado de oficio, el presunto sicario habría afirmado que aún no había recibido el pago acordado e implicó directamente al gobernador William Villamizar, al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, y al empresario de seguridad Julio César Casas como posibles involucrados en la planeación del homicidio.
La Fiscalía decidió abrir la investigación tras recopilar diversos elementos probatorios, entre ellos videos, seguimientos vehiculares, grabaciones y las declaraciones del capturado. La entidad aseguró que existen indicios suficientes para indagar a Villamizar como posible responsable o cómplice del crimen. Con la asignación del nombre único del proceso, el caso entra formalmente en etapa judicial, lo que permitirá profundizar en las responsabilidades y esclarecer la cadena de hechos que rodean el asesinato.
En respuesta a los señalamientos, el gobernador William Villamizar ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el homicidio. Ha asegurado que los audios y menciones en su contra son “inciertos”, y ha calificado los señalamientos como ataques dirigidos a afectar su honra. Señaló también que siempre ha actuado con transparencia en el ejercicio de sus funciones públicas. Su postura frente a la nueva indagación de la Fiscalía se conocerá en los próximos días, a medida que avance el proceso.
Este caso revela la complejidad de las relaciones entre actores políticos, violencia y crimen organizado en un departamento históricamente marcado por la presencia de grupos armados y economías ilegales. De comprobarse la participación de funcionarios públicos en el homicidio de un periodista y veedor ciudadano, el impacto sería profundo, tanto en términos judiciales como en la confianza institucional. Además, el caso subraya los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos en zonas de alta conflictividad, y la necesidad urgente de fortalecer las garantías para su protección.
