Petro y Peñalosa invirtieron millones en estudios, Claudia López los contrató y pagó anticipos, pero el puente sobre la quebrada La Hoya del Ramo aún no existe En Usme, al sur de Bogotá, hay una quebrada que parece tragarse proyectos públicos. Se llama La Hoya del Ramo. Allí, entre barro, maleza y estructuras oxidadas, se levanta –o intenta levantarse– un puente que durante más de una década ha sido una promesa, un titular, un modelo y un contrato, pero nunca una realidad. Todo comenzó en 2013, cuando Gustavo Petro era alcalde y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), bajo la dirección del ingeniero William Camargo Triana, presentó los primeros estudios y diseños para construir un puente vehicular en el sector del Danubio Azul. La idea era sencilla: conectar siete barrios y mejorar la movilidad de más de 74 mil personas. Pero el entusiasmo pronto se evaporó. No hubo contratos, no hubo obra y el proyecto quedó archivado entre los papeles de la administración. Cuatro años después, en 2017, el gobierno de Enrique Peñalosa desempolvó el expediente. La abogada Yaneth Rocío Mantilla Barón, entonces directora del IDU, actualizó los estudios, realizó nuevas contrataciones y prometió que, esta vez, los vecinos de La Hoya del Ramo verían el puente. No lo vieron. El cauce del río seguía igual: sin camino, sin solución, y la comunidad intentaba superarlo cada invierno como podía. La historia se repitió en 2022, durante la gestión de Claudia López. El nuevo director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, retomó –nuevamente– sus estudios y firmó el contrato 1705 el 30 de noviembre con la empresa Construcciones Civiles JFM SAS, representada legalmente por José Fredy Mayorga. Valor total: 3,871 millones de pesos. El contrato comenzó el 15 de junio de 2023. También se asignó una auditoría por 1.715 millones. La obra debía durar 13 meses, más una extensión de tres, con cuatro meses de preconstrucción. En teoría, el puente debía estar listo el 13 de diciembre de 2024. En la práctica, no se avanzó ni un centímetro. El IDU le dio al contratista un anticipo del 20% —unos 7.740 millones de pesos— y, aun así, la obra quedó abandonada. El 24 de diciembre de 2024 el IDU tomó posesión del proyecto luego de constatar el abandono total por parte de Construcciones Civiles JFM SAS. Desde entonces, la entidad inició dos procesos sancionadores: una multa y una cláusula penal, ambos definitivos. Cuando la administración de Carlos Fernando Galán recibió el proyecto, el nuevo director del IDU, Orlando Molano, se encontró con un panorama desolador: avance del 0% y un retraso de más del 17% en el plan de trabajo. “No se habían implementado ni los estudios, ni el plan arqueológico, ni se vinculó el personal obligatorio”, reconoció después. Por estos incumplimientos, el IDU impuso una multa de 193.564.625 pesos, con entrada en vigor el 25 de octubre de 2024. También aplicó la cláusula penal, por 1.001.580.797 pesos, con entrada en vigor el 16 de julio de 2025. Actualmente, los contratos de obra y auditoría se encuentran en proceso de liquidación. El 18 de septiembre de 2025, el UDI comenzó de nuevo… otra vez. Adjudicó un nuevo contrato al Consorcio Ramo, integrado por Luis Alfonso Maestre Brochero (50%), M&D Emaús Construcciones SAS (40%) y M&D Construcciones SAS (10%), para finalizar la construcción del puente. Valor del nuevo contrato: 4,925 millones de pesos. La auditoría, aún en proceso de adjudicación, se cifra en 2.617 millones. El problema, sin embargo, no se soluciona con nuevas firmas. En la administración de Claudia López la obra apenas alcanzó un 23,93% de avance antes de quedar paralizada. La estructura incompleta se deterioró durante el invierno. Las bases, corroídas por la humedad, amenazan con derrumbarse. Los vecinos –más de 75.000 personas– han tenido que improvisar caminos, cruzar sobre tablones, correr riesgos cada día. Los habitantes de los barrios Danubio Azul, Arrayanes, La Fiscala, Porvenir, la Paz y Diana Turbay se saben el fracaso de memoria. También los alumnos de los colegios Fe y Alegría, La Salle, Simonelli y Paulo Freire, que cruzan el barranco para ir a clase. Doce años esperando un puente que siempre está por comenzar. Doce años de estudios, contratos, promesas, sanciones, multas y reinicios. Doce años en los que el barranco de La Hoya del Ramo sigue siendo la misma frontera de siempre: una herida abierta en el mapa de una ciudad que olvida su periferia.





