Jorge Enrique Ibáñez, quien fue asesor de la Asamblea Constituyente, participó en el acto conmemorativo del 40 aniversario del Holocausto y pidió poner fin a las amnistías. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 estaba dando forma a la actual Constitución Política, un joven asesor, experto en derecho público, destacó dentro del equipo que trabajó en proyectos de artículos tan sensibles como los relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos. Se trataba de Jorge Enrique Ibáñez, un abogado boyacense cuyos servicios fueron solicitados seis años después por el Estado ecuatoriano cuando lanzó un proyecto para emular la experiencia colombiana, entonces reconocida y elogiada internacionalmente. La Constitución colombiana fue presentada al mundo como un “pacto de paz”, nombre inspirado en los constituyentes y sus asesores para resaltar que en su redacción intervinieron nuevos actores democráticos que antes tomaron las armas. Ibáñez hoy preside la Corte Constitucional y exige que estos actores, que lograron un alto apoyo en las urnas con su proyecto denominado Alianza Democrática M-19, no se sientan exentos de su responsabilidad de decir la verdad sobre los motivos y circunstancias que los llevaron a cometer el sangriento asalto contra el Palacio de Justicia en 1981. Como afirmó este viernes 7 de noviembre de 2025, el indulto que recibieron no debe servirles de pantalla para cumplir con sus deberes con las víctimas que durante 40 años han clamó por justicia. «El corazón de la justicia -recordó Ibáñez- fue atacado a sangre y fuego por un grupo que los jueces en sus fallos calificaron de terrorista, que se extralimitó en la Constitución y la ley y violó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario». Luego de un dramático y doloroso resumen de lo ocurrido hace 40 años, Ibáñez dijo que un atentado de esa naturaleza, con cerca de 300 víctimas entre muertos y desaparecidos, no tiene mérito para ser aplaudido ni romantizado. Por eso condenó la actitud de ambas partes, de los responsables de la toma y de los autores de la retoma. Recordó que los primeros, los integrantes del M-19, reconocieron que aquella era una ocasión grande y grave y pidieron perdón a los colombianos. Estos últimos actuaron de una manera que los tribunales nacionales e internacionales consideraron “excesiva, caótica y desproporcionada”. Más allá de los indultos, llamó la atención sobre el hecho de que toda sentencia exige verdad, justicia y reparación. «Estas sentencias – subrayó – representan no sólo un llamado a la justicia, sino también un compromiso con la memoria, la verdad y la dignidad de quienes fueron silenciados». Abrió un espacio para cuestionar las respuestas del Estado y de la propia administración de justicia. «¿Por qué se levantó la seguridad del Palacio de Justicia y la protección de los magistrados? ¿Qué pasó minuto a minuto durante la incautación y retoma? ¿Qué pasó con el destino de cada uno de los magistrados y funcionarios? ¿Cómo se produjo el incendio? ¿Qué pasó con la cadena de custodia de las pruebas»? El presidente del tribunal considera, como también considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las leyes de amnistía o punto final ponen fin al deber de investigar y sancionar violaciones graves de derechos y no pueden convertirse en amnesia para justificar «una supuesta estabilidad y paz». Por ese mismo camino concluyó que los indultos y amnistías no liberan al M-19 de decir la verdad sobre el Palacio de Justicia. Desde su perspectiva, la verdad y la justicia deben prevalecer por encima de todo y más aún cuando se trata de indultos y amnistías que van en contra de principios y derechos universalmente reconocidos. De lo contrario, el terror y la violencia prevalecerían sobre la justicia.
