La disputa legal por el legado musical de Daddy Yankee se intensificó nuevamente. El artista puertorriqueño, formalmente retirado de los escenarios, presentó una nueva demanda federal contra su ex esposa, Mireddys González, y contra el productor y empresario Raphy Pina. Según documentos presentados en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico, ambos habrían dirigido un esquema destinado a desviar regalías y manipular derechos de autor durante más de una década.
La acción legal cita la Ley RICO, una de las legislaciones más severas de Estados Unidos para combatir las estructuras del crimen organizado, además de la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico. La invocación de estas herramientas legales, según informes de la prensa local, muestra la magnitud del conflicto y el alcance que Daddy Yankee atribuye al presunto complot.
Según información publicada por medios puertorriqueños El nuevo diala demanda sostiene que Pina habría comenzado a reivindicar la autoría desde 2015 sin haber realizado aportes creativos a las obras. Esta alteración, según el documento judicial, permitió a empresas vinculadas al productor recibir regalías que no les correspondían.
La polémica no se limita al catálogo del intérprete de Gasolina: el expediente también menciona canciones asociadas a artistas como Don Omar, Natti Natasha, Tony Dize y Tego Calderón, lo que amplía el alcance y relevancia del caso dentro de la industria urbana.
Las acusaciones no se limitan a irregularidades administrativas. La demanda describe un ambiente de intimidación que habría impuesto Pina, quien presuntamente exhibió armas de fuego en reuniones internas para consolidar su autoridad, conducta que -según el documento judicial- pretendía evitar reparos y reforzar el control sobre la operación.
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La apelación también involucra al abogado Edwin Prado, quien, según la acusación, habría facilitado contratos con firmas atribuidas al artista sin su consentimiento. A su vez, menciona al asistente Andrés Coll, acusado de validar documentos de publicación considerados fraudulentos y de participar en la circulación de encargos alterados que habrían generado beneficios económicos.
Este nuevo capítulo se desarrolla en un contexto personal complejo. Después de más de veinte años juntos, Daddy Yankee y González hicieron oficial su divorcio en 2024. Desde entonces, según relatos publicados por medios puertorriqueños, la separación derivó en disputas por el control de empresas, marcas y activos musicales.
En marzo de 2025, el artista ya había interpuesto otra demanda por decisiones financieras que, a su juicio, ponía en riesgo el patrimonio de su negocio. Desde entonces, recuperar el control absoluto de su obra y de Los Cangris Inc. se convirtió en uno de sus principales objetivos.
La demanda más reciente busca daños financieros significativos y la corrección inmediata de todos los registros oficiales en los que el reclamo alega que la autoría fue cambiada indebidamente durante los últimos años. El artista también pide que el tribunal imponga restricciones permanentes para evitar futuros intentos de alterar sus derechos musicales, subrayando que la protección de su legado es una cuestión no negociable.
Con esta ofensiva legal, Daddy Yankee entra en uno de los procesos más delicados y complejos de su carrera, un enfrentamiento que no sólo involucra sumas millonarias, sino también la defensa de la historia musical que consolidó su figura como uno de los pilares del reguetón.
