Minuto30.com .- El inicio de 2026 ha traído consigo una batalla legal que promete redefinir el futuro del empleo en el país. El Consejo de Estado admitió oficialmente la primera demanda contra el Decreto 1469, norma con la que el presidente Gustavo Petro estableció un histórico aumento del 23% en el salario mínimo.
La Justicia tendrá que decidir si el Gobierno Nacional violó la ley al priorizar el “salario digno” por encima de los indicadores de productividad e inflación.
Los argumentos: ¿Por qué el decreto es “ilegal”?
Según reveló SEMANA y confirman los documentos ante el Consejo de Estado, el Gobierno habría incurrido en una “sustitución de los parámetros legales”.
Históricamente, el aumento se negocia en la Comisión de Concertación bajo criterios claros:
* Causó inflación y meta de inflación.
* Productividad de los factores.
* Contribución de los salarios a la renta nacional.
* Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
La demanda alega que el presidente Petro confesó en su discurso que el 23% no surgió de esos datos, sino de una estimación de la OIT del “salario digno”. El demandante sostiene que el Gobierno no tiene competencia para cambiar las reglas del juego impuestas por el Congreso, imponiendo una «carga desproporcionada» que rompe el equilibrio constitucional.
Es importante señalar que la inflación durante 2025 fue del 5,1%, según reveló el DANE, es decir, casi un 18% por debajo del incremento mínimo.
¿Qué sigue?
El Consejo de Estado deberá decidir en los próximos días si ordena la suspensión provisional de los efectos del decreto.
Si esto sucede:
* El salario mínimo volvería a tener una base técnica legal (probablemente mucho más baja).
* Podría generarse un caos administrativo en los pagos de seguridad social ya realizados en enero.
Si no:
Para el propietario de una pequeña empresaun aumento del 23% en la nómina no es sólo “un poco más de dinero”. Es un shock financiero que supera los costos de producción; Porque cuando aumenta el mínimo aumentan las prestaciones sociales, los aportes parafiscales y la seguridad social. El empresario se ve obligado a subir los precios o, en el peor de los casos, a recortar personal para evitar la quiebra.
Al mismo tiempo sería una trampa para el asalariado; Porque aunque el trabajador vea más dinero en su cuenta, el aumento del 23% podría ser una “victoria pírrica” ya que, si las empresas suben sus precios para pagar los nuevos salarios, el costo de la canasta básica se vería afectado en igual o mayor proporción, anulando el beneficio del aumento.
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