Ricardo Bonilla está en la Escuela de Policía de Suba, Samuel Moreno estuvo en la Escuela de Carabineros y el exministro Arias pagó condena en el Cantón Norte. El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión que, más allá del expediente judicial, volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión colombiana: dónde y cómo los acusados de cuello blanco pagan su detención. La orden de prisión preventiva contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, implicó su traslado al Centro de Estudios Superiores de la Policía, Cespo. No fue una sorpresa. En Colombia, cuando la justicia llega a ex ministros, altos funcionarios, políticos poderosos o generales, el destino casi nunca es una célula común. Es otro país dentro del país. Lea también: La cabaña donde cumple condena Andrés Felipe Arias El Cespo no parece, a primera vista, ser un centro de detención. Es una extensa franja verde en el norte de Bogotá, entre la Avenida Boyacá y un entramado de calles tranquilas. Desde afuera lo que se percibe es seguridad: controles, muros, vigilancia permanente. En el interior, la escena cambia. Casas fiscales, edificios bajos, lagos artificiales, canchas deportivas, piscinas, campo de golf de diez hoyos, salones sociales y un hotel. Es una escuela para oficiales de alto rango, pero también funciona desde hace años como refugio, residencia y prisión para personas que el Estado considera demasiado valiosas o demasiado vulnerables para enviarlas a una penitenciaría ordinaria. Allí han pasado largas temporadas expresidentes, fiscales, generales y políticos investigados. En ese complejo vivieron Álvaro Uribe y su familia luego de dejar la Presidencia. También han sido detenidos funcionarios procesados por delitos graves, pero con un perfil que requiere protección especial. Por esos cuartos custodiados pasó el general retirado Miguel Maza Márquez, acusado del asesinato de Luis Carlos Galán. Allí se encontraba Dilian Francisca Toro mientras se adelantaba una investigación que no tuvo éxito. Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, fue detenido en ese mismo ambiente cuando el escándalo de las interceptaciones ilegales sacudió al país. Bonilla llega a ese lugar con la etiqueta de detenido. Las habitaciones no son celdas: son espacios amueblados, con baño privado, zonas comunes, acceso a zonas deportivas y una alimentación muy distinta a la de cualquier prisión del país. La vigilancia es estricta, pero fuera de estas habitaciones el ambiente parece más el de un club vigilado que el de una prisión. Es una detención sin rejas visibles, una privación de libertad sin hacinamiento ni ruido. No es el único lugar así. En el otro extremo del mapa de privilegios penitenciarios se encuentra la Escuela de Caballería del Ejército, en el Cantón Norte de Bogotá. Allí, donde los militares se entrenan y viven con sus familias, se habilitó un espacio que funcionó como prisión para algunos de los nombres más sonados de la corrupción reciente. Bernardo Ñoño Elías, protagonista del escándalo Odebrecht, fue trasladado allí desde La Picota cuando su seguridad se volvió preocupante. Su encierro se produjo en lo que oficialmente se llaman baños, construidos para soldados, con las comodidades de un hogar. En ese lugar, Elías no dormía en una litera ni compartía celda. Disponía de una habitación con baño, salón, cama de matrimonio y televisión, situada a escasos metros de una vivienda pública ocupada por suboficiales y sus familiares. Cumplía condena por cohecho y tráfico de influencias, pero su vida diaria transcurría en un ambiente ordenado, silencioso, sin los códigos violentos del sistema penitenciario común. También estuvieron Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, y María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS. Todo bajo vigilancia militar, todo lejos del caos carcelario. La tercera pieza de este mapa es la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada en los cerros orientales de Bogotá. Ese fue el último lugar de reclusión de Samuel Moreno, exalcalde de la capital, condenado por el carrusel de contrataciones. Las imágenes que se conocieron de su habitación mostraban un espacio amplio, con cama matrimonial, mesita de noche, teléfono, armario, baño privado, alfombras y una puerta de madera. Cuatro metros por cuatro metros. Más dormitorio que celda. Moreno pasó allí sus últimos años. Su madre lo visitaba frecuentemente, le llevaba el almuerzo, compartía horas en un ambiente que, aunque vigilado, permitía una vida cotidiana relativamente estable. La custodia formal dependía de La Picota, pero el lugar estaba lejos de ese mundo. Las visitas tenían horarios controlados, la seguridad era estricta, pero el confinamiento no implicaba hacinamiento ni exposición permanente al peligro. Estos tres lugares comparten una lógica que se repite cada vez que un nombre poderoso cae en desgracia. El Estado argumenta razones de seguridad, riesgo de fuga, amenazas a la vida o perfil especial del detenido. La justicia ordena el confinamiento, pero el confinamiento se adapta. No hay rejas oxidadas ni patios saturados. Hay vigilancia, sí, pero también privacidad, silencio, espacios verdes y rutinas más cercanas a la vida civil que al castigo penitenciario.
febrero 4, 2026
