Ha mantenido su papel con remuneración a pesar de que las conversaciones se rompieron hace casi un año y la guerrilla no muestra ninguna intención de diálogo. El ataque con drones en Aguachica, Cesar, que dejó siete militares muertos y más de treinta heridos, no fue una sorpresa sino una confirmación. Una vez más el Ejército de Liberación Nacional demostró que la guerra sigue siendo su lenguaje preferido y que las conversaciones de paz, esas que el Gobierno insiste en llamar proceso, hace tiempo que se convirtieron en una palabra vacía. La explosión no sólo mató a siete jóvenes soldados: acabó sepultando una negociación que durante años pareció sustentada en la obstinación política de no reconocer el fracaso. Detrás de ese ataque estaba José Sánchez Navarro, alias Wilser, jefe del frente Camilo Torres del ELN, un hombre con un largo y minucioso historial de violencia, experto en explosivos y francotirador, con órdenes de aprehensión vigentes y una hoja de servicios que incluye ataques contra tropas, policías y civiles durante casi una década. No es ni un actor marginal ni un vagabundo. Es, más bien, la cara clara de una organización que, si bien habla de paz en las comunicaciones, mantiene intacta su capacidad de matar y su voluntad de hacerlo. Lea también: Camilo Torres, el cura guerrillero, tendrá museo en el centro de Bogotá Ese contraste es el que ha marcado, desde el principio, los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla más antigua del continente. Antes de Aguachica, la semana pasada el ELN instaló un retén ilegal en la Carretera Panamericana que conecta Cali con Popayán, en medio del paro armado de 72 horas que anunció la guerrilla. El proceso de paz con el ELN comenzó en noviembre de 2022 en Caracas con promesas de alto el fuego, participación social y apoyo internacional. Luego vinieron México, Cuba, los comunicados solemnes, las fotos de las delegaciones sentadas alrededor de largas mesas. Y, en paralelo, continuaron los ataques, extorsiones, asesinatos selectivos y desplazamientos. Como si fueran dos realidades que no se tocaban: la del discurso y la del territorio. En enero de 2023, el presidente decidió relevar a Otty Patiño y nombrar a Vera Grabe como jefe negociadora. La designación no fue neutral. Grabe, exmiembro del M-19, como el propio Petro, llegó con un robusto currículum académico y una biografía atravesada por la idea de la paz negociada. Su nombramiento fue leído como un gesto de confianza política y como un compromiso de afinidad ideológica y generacional. Han pasado casi tres años desde entonces y los resultados son difíciles de encontrar incluso con lupa. Lea también: ¿Quiénes son los 10 comandantes del ELN por quienes ofrecen recompensas en el Catatumbo? Bajo su liderazgo, la junta ha sufrido repetidas suspensiones, reveses y silencios prolongados. El alto el fuego se rompió varias veces. Los compromisos humanitarios quedaron en declaraciones. La participación de la sociedad civil se convirtió en un concepto abstracto. Y, sobre todo, el ELN siguió actuando como un ejército en expansión en regiones como el Catatumbo, donde la violencia se intensificó con ataques contra la población civil, los firmantes de la paz y la fuerza pública. El Catatumbo terminó convirtiéndose en el símbolo más crudo del fracaso. Allí, el ELN desplegó ofensivas casi simultáneas en varios municipios, desplazó a familias, asesinó a líderes sociales y demostró que su estrategia no había cambiado. El propio Gobierno calificó estos hechos de crímenes de guerra y anunció la suspensión de las conversaciones. No fue la primera vez. Ya había sucedido antes lo mismo: la mesa se quedó congelada, se anunció una pausa, se habló de reflexión y luego todo empezó de nuevo sin que se hubiera corregido nada esencial. Lo que distingue a este momento es la preparación. Cada atentado, cada muerte, cada suspensión erosionó la credibilidad del proceso y, con ello, la figura de quien lo encabezó. Vera Grabe quedó atrapada en una paradoja: mantener viva una negociación sin avances concretos mientras la guerrilla multiplicaba sus demostraciones de fuerza. Su permanencia en el cargo, respaldada por el presidente, empezó a parecer menos una estrategia y más una negación. Un intento de sostener la narrativa de la paz total incluso cuando la realidad insistía en negarla. El ataque a Aguachica finalmente expuso esa contradicción. Mientras el país contaba soldados muertos, la mesa de diálogo es hoy un escenario lejano, incapaz de incidir en lo que realmente importa: que no sigan matando. Alias Wilser y otros comandantes del ELN siguen actuando como si nunca hubiera habido intención de paz. El Gobierno ha tratado de explicar este fracaso señalando la falta de voluntad del ELN. Y esa explicación es cierta, pero incompleta. También ha habido una incapacidad estatal para fijar límites claros, condicionar la negociación a hechos verificables y asumir costos políticos cuando la apuesta no funciona. Mantener al mismo negociador jefe, con un salario alto y sin resultados visibles, se convirtió en una señal de continuidad que contrastaba con la magnitud del fracaso. Esta no es la primera vez que el Estado colombiano fracasa en el diálogo con el ELN. Ha sucedido con gobiernos de diferentes tipos, en diferentes momentos. La diferencia ahora es que este proceso había sido presentado como una de las banderas centrales del mandato de Petro. Su colapso no es sólo un revés táctico, sino un golpe a la promesa de una paz total que, en el caso del ELN, nunca pasó de ser una aspiración.
