La verdad detrás de las frambuesas envenenadas con talio en Bogotá

La verdad detrás de las frambuesas envenenadas con talio en Bogotá

La investigación sobre la muerte de los menores avanza, una triste historia con amores y llamadas revelan cómo se habría llevado a cabo el macabro plan. La investigación sobre el envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos niñas de 13 años en el norte de Bogotá continúa revelando nuevos detalles sobre cómo se habría llevado a cabo el crimen. La Fiscalía General de la República avanza en la reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril de 2025, cuando frambuesas contaminadas llegaron como supuesto regalo a un departamento del barrio Rosales. En el caso existe orden de captura internacional y notificación roja de Interpol contra Zulma Guzmán Castro, identificada como la principal sospechosa. La mujer, que mantenía una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de uno de los menores fallecidos, sigue prófuga, aunque insiste públicamente en su inocencia. Según el expediente, las frambuesas cubiertas de chocolate contenían concentraciones muy altas de talio, un metal pesado prohibido en Colombia desde los años 1970 debido a su extrema toxicidad. El consumo de la comida provocó la muerte de dos niñas y dejó gravemente enfermas a otras dos personas de la misma familia. La dirección: elemento clave en la investigación del talio Uno de los avances clave en la investigación fue la ubicación de la dirección que entregó el paquete. El repartidor, que mantuvo su número de teléfono a pesar de haber cambiado de trabajo, permitió a los investigadores localizar los contactos desde los que se coordinaba la entrega. Los números de teléfono están asociados a un correo electrónico con conexiones en España, según fuentes judiciales. El testigo informó que las frutas llegaron congeladas y que recibió una propina adicional por la entrega. Utilizando los números extraídos de su celular, las autoridades establecieron vínculos directos con Zulma Guzmán y con otra mujer, conocida como ‘Zenai’, quien sería citada a declarar. La hipótesis es que este último habría monitoreado la entrega del paquete. Las investigaciones técnicas también detectaron señales en Reino Unido y Argentina, país donde Guzmán habría residido temporalmente. Uno de los dispositivos analizados estaba ubicado cerca de un centro odontológico y de una clínica veterinaria frecuentada por la empresaria, lo que reforzó el pedido de cooperación internacional. El hijo de Bedout, el destinatario de las frambuesas Según información conocida durante el juicio, las frambuesas no estaban destinadas inicialmente a las niñas, sino a Martín de Bedout, hijo de Juan de Bedout y hermano de una de las víctimas. Sin embargo, la comida fue consumida por varios miembros de la familia, lo que aumentó el número de afectados y permitió conservar muestras suficientes para confirmar la presencia del veneno. Los investigadores establecieron que las dosis de talio eran letales. Según el testimonio del padre, una de las niñas consumió ocho frambuesas, otra cinco, un tercer superviviente tres y el hijo menor sólo una. Esa diferencia fue decisiva para que algunos sobrevivieran. ¿No fue la primera muerte por talio? El caso también abrió una nueva línea de investigación relacionada con la muerte de la madre de uno de los menores, ocurrida en 2021. En su momento, exámenes médicos detectaron altos niveles de talio en su cuerpo, aunque la mujer falleció tras una recaída asociada a un tumor previo. La cremación impidió un análisis más detallado. Los expertos en toxicología han reiterado que el talio es difícil de identificar clínicamente, ya que sus síntomas iniciales se confunden con los de una intoxicación alimentaria común. Además, en Colombia no existen pruebas de rutina para detectarlo y los antídotos son de difícil acceso. Mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para identificar a todos los responsables e intelectualmente, las autoridades internacionales continúan la búsqueda de Zulma Guzmán Castro. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, permanece bajo reserva judicial mientras se esclarece todo el alcance del plan que acabó con la vida de dos menores en Bogotá.

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