La vicepresidenta Ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles la incautación de un petrolero en el Mar Caribe, acción confirmada por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Rodríguez publicó en sus perfiles digitales que este hecho constituye un delito internacional y representa un ataque directo contra los recursos de la nación.
«Se caen las máscaras. La verdad ha sido revelada. El verdadero objetivo de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela; robarlo y apropiarse de él ilegítimamente, sin pagar nada», afirmó.
Tras el anuncio, el gobierno venezolano emitió un comunicado oficial en el que calificó la medida como un “acto de piratería internacional” y aseguró que acudirá a todos los organismos internacionales para denunciar lo que considera un vulgar robo.
Defensa de los recursos nacionales
El comunicado destacó que Venezuela mantiene su compromiso de defender la soberanía energética y el patrimonio nacional frente a agresiones externas.
«En unidad nacional vamos a defender nuestros recursos y nuestro patrimonio. ¡Venezuela siempre ganará!» Rodríguez concluyó en su mensaje.
Anteriormente, el propio presidente Trump se jactó de la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
«Ha sido un día interesante en términos de noticias. Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero frente a las costas de Venezuela. Muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas, lo verán más adelante», dijo Trump en una reunión con empresarios.
Mientras que funcionarios citados por Reuters confirmaron que el operativo fue realizado por la Guardia Costera de Estados Unidos.
Contexto internacional
La incautación del petrolero es parte de las tensiones entre Caracas y Washington, en un escenario marcado por sanciones económicas y medidas coercitivas contra la industria energética venezolana.
El Gobierno Nacional ha reiterado que estas acciones buscan despojar al país de sus recursos naturales, mientras Estados Unidos sostiene que son parte de su política de presión a la administración de Nicolás Maduro.
