La Organización de la Unión Venezolana en Perú (UVP) solicitó que el nuevo proceso de formalización migratorio que comenzará el próximo lunes 15 de septiembre en Perú tiene un mayor alcance y abre extranjeros que ingresaron al país de manera irregular, como se indica en una declaración oficial.
Este grupo, dedicado a la integración social y económica de la población venezolana en Perú, instó a esta extensión de la población a «fortalecer la seguridad ciudadana», frente a este nuevo proceso dirigido a los migrantes que ingresaron a Perú regularmente pero que actualmente expiraron su residencia.
«Consideramos que es pertinente evaluar la posibilidad de expandir el alcance del proceso a otros grupos migrantes que, aunque ingresaron al país de manera irregular, en muchos casos que escapan de situaciones de emergencia o crisis humanitaria, hoy se integran en la dinámica económica y social de Perú», dijo el presidente de la organización, el antiguo subponente Oscar Pérez.
El presidente de la Unión Venezolana en Perú también indicó que, «muchas de estas personas trabajan de manera formal o informal, tienen hijos e hijas que estudian en el sistema educativo nacional, han formado familias con ciudadanos peruanos e incluso han tenido hijos nacidos en territorio peruano».
Pérez dijo que este proceso «contribuye al orden, permite saber quién está en el país, bajo qué condiciones, y facilita la articulación inter -institucional para abordar diversas realidades».
Actualmente, la administración está destinada a personas extranjeras que, en ese momento, administraron el permiso de permanencia temporal (PTP), la tarjeta de permiso de permiso temporal (CPP), cierta calidad de residencia de inmigración o ingresó regularmente al país como turistas y actualmente tienen su estado expirado.
Una medida para la trazabilidad migratoria
«Esta medida representa un paso significativo hacia la recuperación de la trazabilidad de la inmigración, un componente clave para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y para el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad ciudadanos», dijo Pérez.
Además, el líder de este colectivo venezolano reafirmó su desacuerdo con «aquellos que actúan fuera de la ley o buscan evadir los procesos institucionales,» afirmando, sin embargo, es «importante reconocer la proporción significativa de personas que ya están establecidas e integradas en diferentes niveles de la sociedad peruana».
Desde la dirección de la ONG, Freddy Ramírez firmó que esta trazabilidad no solo debe significar un gesto administrativo, también una herramienta para la seguridad pública y, por lo tanto, debe contemplar la realidad de la población «y el nivel de integración alcanzado en la sociedad que los acoge».
Con esta extensión, dijo el director del UVP, permitirá al estado «prevenir crímenes como la trata de personas, el tráfico de documentos o el suplante de identidad», y además de fortalecer la capacidad de control migratorio y el acceso equitativo a los derechos fundamentales.
«Incluir más personas en el sistema no debilita el control, lo fortalece», dijo Ramírez.
Actualmente, Perú es el segundo país con el mayor residente de la comunidad venezolana en el extranjero, al organizar 1.66 millones de venezolanos, que representa aproximadamente el 24 % de los casi 6.9 de las personas que han dejado Venezuela en los últimos diez años, según las figuras de la plataforma de coordinación interagencial regional para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V). /Efe
