La Corte Suprema de Justicia (TSJ), se reunió en la Cámara Penal, desestimó una apelación que buscaba la nulidad de la sentencia de prisión de 30 años impuesta a dos personas acusadas de terrorismo.
Dicha decisión está contenida en el Juicio No. 496, publicada el 7 de agosto, firmada por los tres miembros de la Cámara Criminal: Elsa Gómez (oradora), Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
Las personas condenadas a una penalización máxima se identifican como Gabriela Alejandra Montes y Bruno Josué Juárez Flores, quien fue arrestado el 3 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, La Guaira. Vinieron de Madrid, España, con una escala en Estambul, Türkiye.
La Ley de arresto preparada por la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Bolivarian (PNB) dice que «se realizó una revisión de la misma; la existencia de documentos guardados en una forma oculta y doblada en su tamaño más pequeño fue evidenciada, que se describió por la planificación de los actos terroristas contra el territorio de Venezuela».
Específicamente, fue la colocación de explosivos en los centros electorales de Caracas durante las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre de 2021, así como en los hoteles donde los observadores internacionales se quedarían, se refiere al juicio de la TSJ, citando las actas de la polinacional.
El archivo resolvió que “la conducta que será desarrollada por los ciudadanos Bruno y Gabriela tiene una conexión directa con el ciudadano general del ejército Hugo Armando Carvajal Barrios, un ex político militar y venezolano, ex director de inteligencia y contrainteligencia militar, que se evade de la justicia venezuela y se detiene en español por ser vinculado a crimes de crímenes de crimes de crimes (…).
Vale la pena señalar que Carvajal Barrios fue entregado por España a los Estados Unidos, donde se declaró culpable en junio pasado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar drogas a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.
En el caso de Bruno y Gabriela, fueron acusados de terrorismo, conspiración y asociación para cometer crímenes. El 6 de noviembre de 2021 le acusó a estos crímenes ante el Tribunal Especial del 1 ° de control con competencia en casos relacionados con crímenes asociados con el terrorismo en todo el país.
El tribunal antes mencionado acordó juicio contra Bruno y Gabriela, que comenzó el 10 de agosto de 2022 y concluyó el 28 de abril de 2023 cuando fueron condenados a 30 años de prisión.
La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del pasado 27 de febrero, por lo que sus abogados fueron a la Cámara Penal con una apelación para tratar de cancelar la sentencia de 30 años.
Los magistrados encontraron una «base pobre» en las dos quejas planteadas por los abogados y, en consecuencia, desestimaron la apelación, dejando la sentencia de máxima multa.
