Álvaro Enciso intentó durante 10 años liberarse de la esclavitud de las drogas y una vez que lo logró fundó un instituto pionero en el tratamiento de las drogodependencias. En septiembre de 1992, Álvaro Enciso tenía 29 años y se encontraba en uno de los momentos más frágiles de su vida. Llevaba más de una década atrapado en el consumo de drogas, había pasado por varios procesos de rehabilitación inconclusos y su entorno inmediato –Envigado, en pleno apogeo del narcotráfico en los años 1980– había sido un escenario constante de normalización del consumo. En plena terapia recibió la visita de su novia, Gladys Valencia. Ese encuentro derivó en una doble promesa: a ella y a Dios. Si lograba dejar las drogas, dedicaría su vida a ayudar a otros adictos a rehabilitarse. La promesa no fue ni una epifanía ni un punto final automático. Fue más bien un punto de partida incierto. Enciso había comenzado a consumir bazuco a los 17 años, luego de que un vecino -a quien consideraba un amigo- le ofreciera probar cocaína y base en una casa cercana a la suya. El impacto fue inmediato y devastador. Durante diez años intentó dejar de consumir sin éxito. Ingresó a centros de rehabilitación y salió antes de completar los procesos. El círculo se repitió. El 10 de diciembre de 1995, tras salir de un tercer proceso de recuperación, decidió cumplir su promesa. No tenía capital, ni estructura, ni apoyo institucional. Vivía con su madre en Envigado y se mantenía vendiendo tamales en el barrio. Al mismo tiempo, montó una pequeña fábrica artesanal de jabones y detergentes. De lunes a viernes producía; Los fines de semana vendía comida. Contra todo pronóstico, el negocio funcionó. No fue una empresa ambiciosa, pero le permitió reunir recursos y pensar en grande. Ese algo tomó forma cuando le hablaron de una finca en la vereda El Hatillo, en Barbosa, propiedad de Rodrigo Solórzano. Enciso había estado en centros de caridad donde se donaba todo y al conocer la finca sintió que el lugar podía funcionar como un espacio digno de recuperación. El alquiler costaba 1.500.000 pesos mensuales, cifra imposible para él. Solórzano se lo dejó en 250.000 pesos y le dio seis meses. Incluía todo: habitaciones, salones, piscina. El gesto no fue casual. Solórzano había sido alcohólico y había estado al borde de la muerte por un coma diabético provocado por el consumo excesivo de alcohol. El 2 de enero de 1996 Enciso llegó solo a la finca. Tres días después apareció la primera persona pidiendo ayuda: Sergio Vanegas, a quien conocía de procesos anteriores en centros de rehabilitación. Vanegas estaba nuevamente en la calle. Fue el primero en ingresar. Así comenzó la Fundación La Luz, bajo un modelo de comunidad terapéutica y un lema simple: todos para uno y uno para todos. En menos de un mes, había más de cien personas en la finca, aunque la capacidad real era de treinta. No cobraron nada. Se sustentaron con donaciones de familias, aportes en especie de pequeñas y medianas empresas y sorteos constantes. El crecimiento fue tan rápido como desordenado. Después de un año, el espacio era demasiado pequeño. Enciso buscó nueva sede. Consiguió una finca en Copacabana y otra en la carretera Medellín-Bogotá. En poco tiempo, La Luz contó con tres sedes y más de 300 personas en proceso de rehabilitación. El desafío dejó de ser el espacio y pasó a ser la sostenibilidad. La respuesta fue crear unidades productivas: primero, Frupaluz, una empresa procesadora de pulpa de frutas que aprovechaba los excedentes de los centros de abasto. Vendían entre dos mil y tres mil bolsas al día. Luego, una panadería que producía 1.500 panes diarios. Todo se reinvirtió en la fundación. La llegada a Bogotá fue menos planificada. La madre de una persona en rehabilitación, residente en el barrio Chicó, ofreció un espacio en su casa para atender a personas con consumo problemático. Atendían entre diez y doce personas al día. Con el tiempo, esa presencia se formalizó. Hoy, la sede de Engativá tiene cuatro años de funcionamiento y atiende a alrededor de cien personas. En Chinauta, Fusagasugá, hay doscientos más. En Medellín, otros cien. Treinta años después de su creación, La Luz opera con un modelo interdisciplinario. Los terapeutas, en su mayoría, son egresados de la misma fundación. El equipo está formado por enfermeras, psicólogos, psiquiatras y profesionales del deporte. Tratan no sólo las adicciones a sustancias, sino también el juego, los trastornos alimentarios y otras conductas compulsivas. Han recibido pacientes desde que tenían nueve años. El acceso se da a través de convenios con EPS, consultas privadas o tratamientos completos. Un proceso de tres meses -con alojamiento, alimentación y atención médica- puede costar alrededor de siete millones de pesos. Además, la fundación opera dos clínicas de salud mental: Serenamente, en Medellín, y Salud Mental, en Bogotá, ambas habilitadas como IPS y con servicios de telemedicina. Por La Luz han pasado más de 50.000 personas. El modelo terapéutico se ha ido adaptando con el tiempo: inicialmente duró dos años; luego dieciocho meses; luego un año; después seis meses. Hoy, el proceso estándar es de tres meses, con posibilidad de prórroga según el caso. Entre los graduados se encuentran músicos, deportistas y figuras públicas. Miles más permanecen en el anonimato, que es donde la fundación dice que mide su verdadero impacto. En la estructura actual, varios puestos directivos están ocupados por antiguos pacientes. La gerente de la clínica de Bogotá, Diana Fierro, es administradora de salud y estuvo un año en rehabilitación. También es egresado el gerente general y representante legal, Dubián Ruiz. La Fundación La Luz prevé abrir nuevas sedes en regiones donde hay demanda: Eje Cafetero, Meta, Costa Caribe, más puntos en Bogotá e incluso fuera del país. No hablan de la expansión como una meta, sino como una respuesta a una necesidad que no disminuye. La promesa que hizo Enciso en 1992 sigue siendo el eje del proyecto. No como un eslogan religioso, sino como una estructura operativa. Una promesa que, tres décadas después, se convirtió en institución.
