Los gobernadores del país advierten que el aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos podría desfinanciar a los hospitales y fortalecer los mercados ilegales. La tarde de este jueves 29 dejó en suspenso una de las decisiones económicas más polémicas del Gobierno de Gustavo Petro. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica y social con el que el Ejecutivo buscaba recaudar cerca de 12 mil millones de pesos para atender el déficit presupuestario nacional. La votación, seis magistrados a favor y dos en contra, frenó temporalmente los efectos de una medida que ya había encendido las alarmas en las regiones y que, aunque hoy está congelada, sigue siendo motivo de preocupación para gobernadores y alcaldes. El decreto, emitido bajo el argumento de una situación económica excepcional, abrió la puerta a impuestos temporales y ajustes tributarios de alto impacto. Entre ellos, el aumento del IVA del 5% al 19% para bebidas alcohólicas de alta graduación, cigarrillos y tabaco elaborado, así como modificaciones al impuesto al consumo. Para el gobierno central, estas medidas fueron un mecanismo rápido para incrementar las recaudaciones. Para los departamentos, en cambio, significaron una amenaza directa a una de sus principales fuentes de financiamiento. Lea también: Así avanza la dura batalla para frenar el contrabando y atacar de frente el mercado ilegal. Los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y el tabaco no son un ingreso marginal en las finanzas territoriales. De ellos dependen buena parte de los recursos con los que los departamentos apoyan a los hospitales, los programas de salud pública, los proyectos educativos y las actividades deportivas. Se trata de ingresos que, en muchos casos, permiten cerrar brechas básicas en regiones donde la presencia del Estado ya es frágil. El temor de los gobernadores no estaba sólo en el monto del aumento, sino en sus efectos colaterales. Uno de los riesgos más evidentes es la contracción del consumo legal. El aumento abrupto de precios desincentiva la compra de productos gravados, reduce las ventas formales y, en consecuencia, reduce la recaudación efectiva. Menos ventas legales significan menos ingresos para los departamentos, justo en un momento en que las demandas sociales crecen y los presupuestos locales están al límite. La paradoja es clara: un impuesto diseñado para recaudar más podría terminar produciendo menos. A este escenario se suma un peligro aún mayor conocido por las autoridades regionales: el contrabando. Colombia tiene una larga historia de comercio ilegal de licores y cigarrillos, especialmente en zonas fronterizas y corredores estratégicos. Cuando los precios de los productos legales aumentan significativamente, el mercado ilegal encuentra un terreno fértil para expandirse. Los productos de contrabando más baratos se vuelven atractivos para los consumidores afectados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. El resultado es doblemente dañino: los ingresos departamentales se desploman y se fortalece una economía ilegal que suele estar ligada a redes criminales. Lea también: Cómo llegan cigarrillos de contrabando desde Paraguay a tiendas de barrio colombianas Gobernadores han advertido que el contrabando no solo afecta las finanzas públicas. También tiene impactos directos en la salud pública, por la circulación de productos sin controles sanitarios, y en la seguridad, al convertirse en fuente de financiación de estructuras criminales. Cada botella o paquete que ingresa por canales ilegales representa menos recursos para hospitales y escuelas, y más poder para organizaciones al margen de la ley. Desde la Federación Nacional de Departamentos, que preside el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, la postura ha sido clara y unificada. Los 32 dirigentes departamentales consideran que el decreto viola la autonomía fiscal territorial y profundiza una lógica de recentralización que debilita el modelo descentralizado consagrado en la Constitución. La búsqueda de recursos para el nivel central, sostienen, no puede hacerse transfiriendo el costo a las regiones o comprometiendo su capacidad de garantizar servicios esenciales. La suspensión provisional del decreto por parte del Tribunal Constitucional fue recibida como un alivio momentáneo, pero no como un punto final. Mientras el alto tribunal estudia a fondo la constitucionalidad de la emergencia económica, los gobernadores mantienen su estado de alerta. La mera posibilidad de que el decreto vuelva a entrar en vigor obliga a las administraciones departamentales a preparar escenarios de contingencia y defender sus ingresos ante lo que consideran un riesgo cierto para su sostenibilidad financiera. En reuniones recientes, los líderes han insistido en la necesidad de ser escuchados en el debate constitucional y fiscal. Su preocupación va más allá de una situación específica: se trata de preservar la capacidad de los departamentos para planificar, ejecutar y responder a las necesidades de sus comunidades. La incertidumbre generada por el decreto ya ha tenido efectos políticos y administrativos, al tensar la relación entre el gobierno nacional y las regiones. La sentencia provisional de la Corte busca precisamente evitar impactos inmediatos mientras se toma una decisión final. Sin embargo, el episodio revela una discusión fundamental sobre cómo se financia el Estado, quién asume los costos de las emergencias económicas y hasta dónde llegan los límites de la autonomía territorial. Aunque hoy el decreto está suspendido, la preocupación sigue latente. Los gobernadores han señalado que lo que está en juego es el equilibrio de sus territorios y la estabilidad de los recursos que sustentan los derechos básicos de millones de ciudadanos.
enero 31, 2026
